Agencias /CDP NOTICIAS

Legisladores de Morena exigen a consejeros electorales acabar con los privilegios que existen en el INE, pero en la Cámara de Diputados tampoco han erradicado los excesos presupuestales que conservan desde anteriores legislaturas.

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, así como el vicecoordinador de la bancada de Morena, Leonel Godoy, pidieron que el INE acabe con privilegios, excesos y derroche de recursos públicos con el fin de reunir los recursos que se requieren para financiar la consulta pública sobre revocación de mandato.

Pero los morenistas, que son mayoría en la Cámara baja, se aprobaron para 2022 un presupuesto de 8 mil 45 millones de pesos, de los que 5 mil 73 millones van al rubro de Servicios Personales.

Otros mil 631 millones de pesos serán para transferencias, asignaciones y subsidios a los grupos parlamentarios, y apoyos a los diputados.

En este último caso no se aplicó la austeridad republicana que la 4T demanda al INE, pues de 2021 a este año hubo un aumento de 601 millones de pesos.

De esa cartera, Morena, que es el grupo mayoritario con 202 integrantes, tendrá 374 millones 362 mil pesos por subvenciones directas, cuyo destino no se transparenta; su administración es responsabilidad directa del coordinador, Ignacio Mier.

Pese a reiteradas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Morena no ha permitido que el órgano fiscalizador revise el gasto, tal como lo impidieron PRI y PAN cuando fueron mayoría.

Morena también condena la plantilla de altos mandos en el INE, pero la Cámara conserva la misma estructura burocrática que heredó el PRI.

Antes, los espacios administrativos eran compartidos en forma proporcional entre el tricolor, PAN y PRD, ahora todos los espacios de la alta burocracia de la Cámara, que suman casi 600 empleados, han sido ocupados totalmente por Morena.

Los secretarios de Servicios Parlamentarios y Administrativos, el Contralor Interno y el Coordinador de Comunicación Social, perciben 106 mil 661 pesos; y un equipo de 14 directores generales, 105 mil 998 pesos cada uno.

Gutiérrez Luna cuestionó el jueves pasado que los consejeros electorales tengan aguinaldos de 350 mil pesos, pero el de los diputados es de 40 días de dieta, equivalente a 140 mil pesos, más un bono de compensación de 71 mil 38 pesos para reponer el pago del Impuesto Sobre la Renta.

El presidente de la Cámara cuestionó el salario de los consejeros por 262 mil pesos, pero los diputados llegan a cobrar hasta 234 mil pesos al mes, entre la dieta y ayudas para el trabajo parlamentario.

Con información de Reforma 

 

 

Agencias/CDP NOTICIAS 

La violencia en estados gobernados por Morena no cede.

Una camioneta con 10 cuerpos fue abandonada la madrugada de ayer frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, entidad gobernada por el morenista David Monreal.

Los cuerpos inertes de 8 hombres y 2 mujeres fueron abandonados en un vehículo Mazda gris, estacionado a las 5:20 horas sobre la Plaza de Armas, justo a un lado del árbol de Navidad y un Nacimiento con los recién colocados Reyes Magos.

Tras este hecho, la entidad ya suma 37 muertos, tan sólo en los primeros seis días de 2022.

Autoridades señalaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el responsable del multihomicidio y las víctimas serían integrantes del Cártel de Sinaloa, rivales de los jaliscienses.

Dos personas fueron detenidas en relación con los hechos y al menos una de ellas pertenece a una célula del CJNG, dijeron fuentes que solicitaron anonimato.

Zacatecas terminó 2021 con más de mil 600 víctimas de homicidio doloso, la mayoría de ellas producto de la narcoviolencia.

Y anoche en Tijuana, Baja California, desconocidos lanzaron granadas contra una agencia ministerial de la Fiscalía General del Estado y un vehículo, un Ford Taurus propiedad de la dependencia, fue incendiado tras la explosión de un artefacto.

En el lugar dejaron una manta con un mensaje en contra del Fiscal central Hiram Sánchez Zamora, a quien señalan, según el amago criminal, de apoyar al Cártel de Sinaloa. Baja California es gobernada por la morenista Marina del Pilar Ávila.

De los 10 estados con las tasas más altas de homicidio doloso del País, seis son encabezados por gobernadores emanados de Morena y en Morelos, donde el PES impulsó en alianza con Morena al futbolista Cuauhtémoc Blanco.

Se trata de Baja California, que tiene una tasa de 75 víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes. Sigue Colima, con 59.8 víctimas, después Sonora, con 57 y Morelos, con 51.5. Michoacán tiene una tasa de 50.9 por cada 100 y Guerrero 34.3.

Y tiene 'Cuauh' a Morelos entre violencia

Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco (Morena-PES-PT), atraviesa su peor crisis de homicidios durante la última década.

Los mil 65 asesinatos registrados entre enero y noviembre de 2021 -los de diciembre no se informan aún- ya superan cualquier otro registro en la Entidad, por lo menos, de seis años atrás, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2020 había registrado una leve disminución de 923 asesinatos.

Cristina Rumbo Bonfil, presidenta del Observatorio Ciudadano de Morelos, aseguró que la actual Administración se ha caracterizado por tener un Gobernador que poco habla de seguridad, la cual dejó en manos del Gabinete de Seguridad con un grupo de marinos.

Con información de Antonio Baranda y Óscar Uscanga

 

 

 

 

 

Agencias/CDP NOTICIAS 

Con apenas un voto de diferencia, el Consejo General del INE aprobó anoche aplazar, indefinidamente, el ejercicio de revocación de mandato del Presidente de la República agendado para el 10 de abril de 2022, pero Morena ya advirtió que llevará el caso ante el Tribunal Electoral.

Aprobado con seis votos a favor y cinco en contra, el proyecto que presentó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, tuvo como razón de fondo el recorte de casi 5 mil millones de pesos que dispuso la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de 2022.

Los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Roberto Ruiz Saldaña y Dania Ravel respaldaron el proyecto.

Carla Humprey, UucKib Espadas, Adriana Favela, Norma de la Cruz y Martín Faz votaron en contra, argumentando que el ejercicio se podría hacer con el ahorro de recursos si se instalara un menor número de casillas y se eliminara el conteo rápido y la impresión de papelería.

El diputado federal Mario Llergo, representante de Morena, acusó a los consejeros de "hacer todo lo posible por torcer la ley e intentar tropezar el ejercicio de revocación".

En una última intervención, cuando los números se apretaban, Córdova aseguró que bastaba una instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Hacienda para que se canalizara una partida extraordinaria al INE y se llevara a cabo el ejercicio de consulta.

El consejero Murayama afirmó que si el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia ordenaban al INE llevar a cabo la consulta de revocación, "no quedaría de otra" y se acataría la instrucción.

"Pero no nos pidan que hagamos remedos de elecciones", reclamó.

Antes de la resolución, el senador morenista Ricardo Monreal había advertido que de aprobar el INE el proyecto recurrirán al Tribunal Electoral para revocar la resolución.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, anunció que el órgano legislativo presentará denuncias penales y administrativas contra los consejeros que aprobaron la suspensión temporal del ejercicio de la revocación de mandato.

Mientras tanto, el INE seguirá avanzando en la revisión de las millones de firmas de apoyo que ha recibido vía app o en formato físico, en espera de que la Suprema Corte resuelva "de fondo" la controversia constitucional.

Con información de Reforma 

 

 

 

Con la expansión territorial de Morena, la militarización de la seguridad pública se acentuó en el País.

De las 11 entidades que ganó el partido en las elecciones de junio, 7 atendieron el llamado presidencial y tienen Jefes de Policía que provienen del Ejército o de la Marina.

Además, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien ganó los comicios bajo las siglas del PT-PVEM, pero es aliado de Morena, también nombró a un mando castrense.

Aunque la designación de los mandos locales es facultad de cada Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que las Fuerzas Armadas palomeen los perfiles.

El 19 de octubre, el Mandatario abiertamente sugirió a las nuevas Gobernadoras y Mandatarios consultar el nombramiento de sus encargados de seguridad con los titulares del Ejército y Marina.

La finalidad, argumentó entonces López Obrador, es que las Administraciones estatales designen a personas incorruptibles.

"También les recomiendo que consulten tanto al Almirante (Rafael) Ojeda, Secretario de Marina, como al General (Cresencio) Sandoval, para que se tengan personas honestas, íntegras", dijo.

"Repito, incorruptibles y que se evite lo que era muy común antes, que la delincuencia tenía el control de las Policías en los estados y en los municipios. Entonces, eso es lo que hago".

Por ejemplo, en Guerrero fue nombrado el Capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez, y en Michoacán el General y ex Comisario de la Guardia Nacional, José Alfredo Ortega Reyes.

En Colima, la seguridad está a cargo del también Capitán Manuel Llerandi Ruiz, y en Sinaloa del Teniente Coronel, Cristóbal Castañeda Camarillo.

Baja California Sur encomendó la tarea anticrimen al Capitán Javier López García; mientras que Baja California y Tlaxcala designaron a los marinos Iván Carpio Sánchez y Alfredo Álvarez Valenzuela, respectivamente.

A estas entidades se suman dos (Morelos y Tamaulipas) que ya tenían mandos de origen militar, por lo que suman 10 en todo el País.

El experto en temas de seguridad pública, Carlos Mendoza, considera que la designación de mandos castrenses en los Gobiernos estatales no es una práctica adecuada ni conveniente.

Argumenta que, además de ser instituciones civiles, implica un involucramiento cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en diferentes facetas de la vida pública.

"Ya ni siquiera hay un argumento de que va a ser transitorio y que se va a regresar a un mando civil; ahora sólo se consulta a la Defensa o a la Marina (y se hace el nombramiento)", critica.

"Hay una narrativa explícita de extender el control militar de las fuerzas policiales y eso me parece algo muy preocupante", agrega el también académico de la UNAM.

La militarización en el ámbito de la seguridad es definida como el aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas en tareas propias de la autoridad civil.

Se manifiesta, entre otras cosas, en el uso de efectivos en activo o en retiro para tareas anticrimen y en la "subordinación" de las fuerzas policiales a la autoridad militar.

También en el nombramiento de oficiales militares en puestos clave de la conducción de la seguridad, como Secretarios o jefes de Policía.

Mendoza considera que, más que una sugerencia presidencial, la designación de mandos de las Fuerzas Armadas parece una instrucción o una "consigna clara" para los gobernantes de Morena.

"Es muy preocupante que el Gobierno mande esas señales porque el Ejército va ocupando más cargos de importancia y, por supuesto, toma el control del estado de fuerza", añade.

El también consultor afirma que dicha designación evidencia una medida de "disciplina partidista" y hasta una evasión de responsabilidades.

"Que dado el problema de violencia o inseguridad en ciertos sitios, ellos (los gobernantes) prefieren dejar que el Ejército sea en quien recaiga la responsabilidad del fracaso o el éxito", expone.

"Creo que es un espacio de confort, de comodidad y pues, obviamente, muy conformista, que no deberíamos estar atestiguando".

El nombramiento de mandos estatales castrenses se ha perpetuado a pesar de que, en su momento, fue una medida duramente criticada por tratarse de un tipo de militarización.

Ve militarización Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), coincide en un análisis reciente sobre el tema que México vive un proceso progresivo de militarización.

Mediante ese proceso, expone la activista, a las Fuerzas Armadas se le entregan cada vez más tareas y funciones.

Aun cuando la "complejización" del mundo criminal requiere de la participación de las Fuerzas Armadas en dichas tareas, señala la especialista, hacerlo sin controles, sustento y evaluación es tanto o más perjudicial que no hacerlo.

"Es un hecho que la seguridad pública en México ha sido gradualmente militarizada hasta alcanzar lo que parecería ser un punto de no retorno", refiere Sánchez en "La Militarización de la seguridad pública en México y sus fundamentos legales".

"En cuatro décadas, y más precisamente en dos, el País pasó de confiar a los militares la erradicación manual de cultivos declarados ilícitos, a poner en sus manos la conducción de operativos antidrogas, el combate a la delincuencia organizada, el restablecimiento del orden en municipios, estados y territorios y la prevención del delito".

Sánchez agrega que si bien hay voces que siguen demandando un cambio y defienden la ruta civil, la política del miedo y la mano dura siguen "vendiendo" más.

"Literalmente, porque mientras a la gente se le vende la ilusión de seguridad, a los militares se les da la responsabilidad de conducir al País", concluye en el estudio.

"Cierto es que esta acumulación de poder no ha venido sin un enorme sacrificio por parte de la tropa. Que quede claro que ellos no son el problema principal. El problema es que estamos frente a una decisión política del poder civil. Y ahí es donde hay que trabajar".

En otro informe, MUCD subraya que la ampliación de funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de otra naturaleza, va en detrimento de las instituciones civiles.

"La creciente militarización de la seguridad pública ha sido presentada por los gobiernos civiles que la impulsan como un mal necesario para devolver la seguridad a nuestro País", critica la organización en "La militarización, impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz".

"Sin embargo, a décadas de su implementación e institucionalización esta estrategia no ha sido capaz de mejorar las condiciones de seguridad y paz en México".

Historia conocida... en otros sexenios La práctica de poner a militares a cargo de la Seguridad Pública en los estados arreció en el sexenio de Felipe Calderón, durante la llamada guerra antinarco, y continuó en el periodo de Enrique Peña Nieto.

Fue en este último sexenio que tuvo mayor expansión, pese a lo cual no se bajaron los índices delictivos en gran parte del territorio nacional.

Un caso es el de Guerrero, donde el General Pedro Almazán Cervantes fue responsable de la seguridad entre 2014 y 2018, periodo en el que hubo un ascenso de los homicidios dolosos.

Almazán también fue cuestionado por hechos de violencia de alto impacto en varias zonas del estado, el despido de agentes que exigían mejoras salariales e incluso el trato a su personal.

En Colima, uno de los estados donde más se ha apostado por mandos castrenses en los últimos años, se designó en 2016 al Contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez.

Sin embargo, el marino sólo estuvo año y medio al frente de la Policía Estatal y dejó el cargo ante la violencia creciente en la entidad.

La designación de Jefes de Policías de las Fuerzas Armadas también se ha hecho en ciudades con altos índices delictivos como Tijuana, Acapulco, Culiacán y Ciudad Juárez.

Por ejemplo, el cuestionado Teniente Coronel retirado, Julián Leyzaola Pérez, fue mando policial en Tijuana y Ciudad Juárez.

Con información de Reforma 

Cortesía/ CDP Noticias 

Unos 90 mil uniformados están hoy encargados de los proyectos del Gobierno federal, como vigilar el reparto de Gas Bienestar, repartir enseres, poner vacunas y apoyar en atención emergente de Covid, perseguir migrantes, monitorear aduanas, cuidar traslado de fertilizantes y combatir el huachicol.

Eso representa el 42 por ciento del total de efectivos movilizados por el Ejército, la Marina y Guardia Nacional (GN) que suman en total 209 mil 715 elementos.

En contraparte, la movilización de fuerzas federales para seguridad pública, piedra angular de la estrategia de pacificación del Gobierno, alcanza los 75 mil 488 efectivos en todo el país que participan en vigilancia y patrullajes en las 247 coordinaciones territoriales.

De acuerdo con el Informe de Seguridad presentado ayer en la conferencia presidencial matutina, en el último mes fueron movilizados 90 mil 23 elementos del Ejército, 29 mil 741 de Marina y 89 mil 951 de la GN, en distintas actividades, y que suman 209 mil 715 efectivos.

Cuatro de cada 10 de ellos atiende siete programas de la 4T, sin contar los efectivos que construyen el Aeropuerto "Felipe Ángeles".

La mayoría está en tareas de Covid, unos 54 mil, lo que deberá declinar al disminuir la vacunación y los contagios.

Pero hay otras tareas. Tres mil 372 combaten el huachicol; mil 296 entregan enseres a damnificados y 28 mil 634 tratan de frenar a migrantes.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez, informó que mil 200 elementos vigilan el abastecimiento de gas LP en el Valle de México, en 83 rutas de distribución y 114 plantas.

"La GN da seguridad a los traslados de fertilizantes para la Secretaría de Agricultura; en el último mes, en 536 viajes trasladaron 18 mil 535 toneladas", añadió.

Con información de Reforma 

 

 

 

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